¿Está Venezuela en una transición?
Es la palabra y la discusión más a la orden del día en Venezuela y dondequiera que haya un compatriota que respire. Y probablemente ninguna otra refleja esa contradicción entre esperanza y realidad que es materia prima esencial de la política. Pero bien miradas las cosas, también puede conducir a confusión
LEONARDO VIVAS PEÑALVER
¿Y por qué la palabra puede inducir a confusión? Porque de tanto luchar los venezolanos y varias camadas de su liderazgo democrático bajo todas las formas posibles, el nuevo escenario surgido desde el apresamiento de Maduro y la instauración de un gobierno provisional al mando de Delcy Rodríguez (recientemente reconocido como legal por la administración Trump) es, sin duda, una gran oportunidad, pero puede también terminar siendo un espejismo.
Es ese dilema entre la gran esperanza que se ha abierto y lo complejo y tortuoso que significa desmontar 26 años de un régimen que siempre planteó quedarse para siempre, el que tienen que resolver quienes mayor responsabilidad tienen en hacer avanzar los cambios iniciados hacia la ruta de una apertura democrática. Y hay que decirlo desde el inicio: todas las transiciones que han avanzado felizmente hacia la democratización han seguido una ruta no lineal, con avances y retrocesos donde una de las escasas certidumbres es que pareciera haber dos momentos que no son necesariamente simultáneos: uno primero de liberalización y uno segundo que conduce a la democratización. Acá en la Gaceta Virtual se ha presentado una crónica apretada de varias transiciones a la democracia, de modo que no se busca acá una reconstrucción analítica detallada de esos procesos o de algún otro. Lo cierto es que, tras producirse algún mecanismo disparador, la liberalización consiste en la apertura de espacios sociales, económicos y políticos que antes estaban cerrados.
En el caso de Venezuela, la liberalización, llevada de la mano de la presión de la administración Trump, ha ocurrido principalmente en el terreno económico, más específicamente la modificación de la legislación petrolera que garantiza la participación del capital privado, extranjero o nacional, en el negocio de la exploración, extracción y mercadeo del crudo y del gas natural y la posterior refinación. Más recientemente se ha incorporado la desregulación y apertura en la producción minera, en la producción de productos petroquímicos o en la generación, transmisión, almacenamiento y distribución de electricidad. Pero lo que mayor impacto político ha tenido en este momento inicial ha sido la liberación de un buen número de presos políticos y la promulgación de una Ley de Amnistía para darle cuerpo legal. Su impacto público ha sido mucho mayor que las decisiones económicas porque fue durante los últimos tiempos la principal bandera de las fuerzas democráticas, especialmente de las organizaciones de la sociedad civil que han dedicado años, sudor y lágrimas a esa lucha. Ha habido otros cambios políticos más lentos, como el apresamiento de dos de las figuras públicas más asociadas con Maduro, como Alex Saab y Raúl Gorrín, por su papel como testaferros o dueños de plataformas comunicaciones. También la renuncia del fiscal general, Tarek William Saab, la destitución de Padrino López como Ministro de Defensa o la salida de un número indeterminado de agentes cubanos que operaban o bien en el área militar y de seguridad o en otras áreas, y la eliminación de ciertos programas en la televisión oficial, se inscriben en esas jugadas para lentamente limpiar la cara del viejo régimen ultra autoritario y pasar a una dictablanda que le permita a la élite chavista reinventarse.
Dada la naturaleza ultra represiva que fue cobrando el régimen bajo Maduro, especialmente tras el robo de las elecciones de julio de 2024, el papel principal en impulsar el proceso liberalizador ha estado—y quizás siga estándolo por un tiempo indeterminado—en manos de las organizaciones de la sociedad civil que pugnan precisamente por ampliar el espacio cívico y político que abra las posibilidades para una eventual democratización. Desde el punto de vista de una posible democratización ulterior, quizá el cambio más significativo haya sido la renuncia del fiscal general. Es claro que la fiscalía general se convirtió en el pilar principal de toda la arquitectura represiva que fue armando el régimen chavista a lo largo de los años. Fue allí donde se crearon las argumentaciones legales para la persecución de cualquier disidencia política o militar, combinada con la distribución de juzgados específicos donde durante largos años obraban lo que en ocasión de las acciones judiciales nazis fueron llamados los juristas del horror. Ese paso, por pequeño que sea, ha producido otras acciones colaterales, como ha sido el llamado de la Asamblea Nacional a la presentación de candidatos para el cargo, que varias universidades han aprovechado para presentar a una figura descollante de las leyes venezolanas. Es decir, que apenas comienza el proceso de descongelamiento de tantos espacios restringidos por la obsesión de la dictadura chavista de mantenerse en el poder.
¿Cómo se come la tutela?
Una diferencia esencial con otras transiciones es que, salvo la panameña de fines del siglo pasado, la venezolana de hoy se hace bajo la tutela del gobierno de los Estados Unidos. Y naturalmente eso tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja es la de la amenaza creíble, que claramente no ocurrió hasta el 3 de enero, o bien porque las administraciones estadounidenses anteriores no se plantearon violar preceptos internacionales que terminaban favoreciendo a los dictadores, o porque los gobiernos latinoamericanos abandonaron a los venezolanos a su suerte, o una combinación de ambas circunstancias. Esa amenaza creíble sigue en pie y la administración Trump, bajo la dirección del Secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios ha ido marcando la pauta de los cambios y reformas a avanzar. Las desventajas consisten en que la tutela la ejerce un presidente conocido por su volubilidad y su cálculo transaccional y porque siempre estará determinada por los intereses políticos internos que suelen caracterizar a cualquier gobierno americano.
En el caso que nos ocupa hay otro elemento altamente desfavorable y es el acuerdo político en marcha entre la administración Trump y la élite chavista para hacer avanzar los cambios según la lógica de las ahora famosas tres fases: estabilización, recuperación y transición. Esta estrategia de negociación y de avance en el proceso de cambio político en Venezuela ha echado a un lado a la dirigencia democrática venezolana tanto en sus grandes definiciones como en los detalles de su implementación en el día a día. Y esto a pesar de que es precisamente ese liderazgo —principalmente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia — el que cuenta con la legitimidad y el apoyo de la clara mayoría de los venezolanos. Hay por supuesto determinantes geopolíticos en esa estrategia, especialmente el giro de la administración Trump hacia un dominio más directo sobre el hemisferio occidental y más específicamente de las Américas.
Naturalmente, esa estrategia en la construcción de alianzas tiene su lógica. Como dijera recientemente en un evento privado uno de los operadores del Comando Con Venezuela: imaginemos por un instante que tras el 3 de enero EGU y MCM hubieran llegado a Miraflores en un helicóptero para comenzar a instrumentar las políticas que Delcy y Cía. han puesto en marcha en Venezuela. ¿Qué tan fácil habría sido? ¿Con cuánto caos no hubieran tenido que lidiar? ¿Habría resultado? Es precisamente esa lógica de un arreglo binario en torno al poder el que permite desmontar lo peor del régimen establecido, o como se ha señalado repetidamente: ocuparse del trabajo sucio. Pero esa misma lógica tiene sus limitaciones. Una de ellas es que, siguiendo a la metáfora de las transiciones postsoviéticas, y como ha señalado no hace mucho el exministro de Chávez Andrés Izarra, puede estarse avanzando hacia una Perestroika sin Glasnost, es decir lograr un mínimo de los cambios económicos necesarios que permitan reinsertar a Venezuela en el mundo económico mundial, pero a costa de solo realizar cambios cosméticos en la naturaleza del poder heredado del madurismo. Otra limitación es que una tutela teledirigida le permite al gobierno de Delcy Rodríguez un amplio margen de maniobra para mantenerse en el poder gracias a la preservación de los mecanismos y el personal político que fueron destruyendo la democracia venezolana desde adentro. Eso podría conducir al famoso gatopardismo, según el cual “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Finalmente, puesto que en la política de Estados Unidos (y de otros países) el peso de lo internacional es mucho menor que lo que ocurre internamente, es posible que no den los tiempos para culminar las tres etapas que concluyan con un llamado a elecciones.
Hasta no hace mucho se insistía en que el tiempo con que se cuenta es hasta fin de año, cuando las elecciones de medio término, donde se elige una gran mayoría de los representantes a la cámara baja y un número menor de senadores, muy probablemente—a juzgar por sucesivas encuestas electorales—el gobierno republicano pierda la cámara de representantes e incluso el senado. Eso debilitaría la capacidad de presión sobre el interinato de Delcy Rodríguez. Pero también es cierto que ha ocurrido un giro interesante, impulsado directamente por las gestiones de María Corina Machado, que ha ganado el apoyo de representantes del partido demócrata de ambas cámaras en favor de un avance más rápido hacia la democratización. Allí también opera el hecho de que el Secretario de Estado Marco Rubio proviene del senado, donde guarda buenas relaciones con muchos de sus excolegas. De modo que el tiempo electoral no necesariamente se convierte en un obstáculo gracias a un relativo acuerdo bipartidista en favor de la democratización de Venezuela.
Utilizar todos los escenarios y ganar agencia
De esta visión panorámica se desprende que no bastan las presuntas buenas intenciones de la administración Trump en encaminar el proceso abierto en Venezuela hacia una recuperación de la democracia (la tercera etapa: transición). Incluso si ese fuera el caso, tal como marchan las cosas no bastan las buenas intenciones. La compleja y abigarrada estructura institucional creada durante 27 años de demolición de las organizaciones heredadas de la democracia de fines del siglo pasado es un hueso muy duro de roer porque ha operado como una metástasis, cuyas normas, prácticas y duplicidad de objetivos (los que demanda su especialidad y aquellos dirigidos a garantizar el dominio de la “revolución”) han convertido a la mayoría de ellas en una sombra de lo que fueron y en muchos casos simplemente inoperantes.
Revertir o cambiar por completa esa larga lista de instituciones requiere, aparte de tiempo y competencia profesional, una enorme voluntad política. Voluntad política que en el gobierno interino de Delcy Rodríguez sólo tendrá lugar si ayuda a sus objetivos de preservación del poder. Y conste que esta evaluación de la situación no es una crítica al interinato: eso muy probablemente haría cualquiera en sus zapatos. Generalmente las transiciones—incluyendo la primera fase liberalizadora—ocurren cuando hay un relativo cambio del personal político del gobierno transitorio e incluso del viejo régimen. Pero en las circunstancias actuales de Venezuela la élite chavista no sólo no ha cambiado, sino que procede a los cambios porque se ve obligada a hacerlo. No se pone en duda una cierta voluntad y visión de un nuevo rumbo de parte de Delcy y Jorge Rodríguez (y cualesquiera otros que hayan estado en la jugada de sacar a Maduro del juego), pero es de suponer que este no apunta para nada hacia la alternabilidad (condición esencial de la democracia). Uno de los componentes esenciales del ADN del chavismo como movimiento político que se reclama “revolucionario”, es que la transformación (independientemente de lo que eso haya significado, aunque sea una carantoña) vino para quedarse. Y esa que ha sido su prédica desde su llegada al poder no tendría porque cambiar. El chavismo se ve a sí mismo como lo hizo el PRI durante 70 años en México,es decir como un intérprete de la historia del país y como depositario de lo mejor de sus luchas.
En conclusión, la principal manera de poder avanzar hacia una segunda fase de democratización es que las fuerzas democráticas obtengan mayor agencia, es decir, capacidad de influencia, que no tienen directamente en la actualidad, bien porque la administración Trump no les haya otorgado un puesto en la mesa o porque las condiciones de funcionamiento político de Venezuela (menos represivo, pero todavía cerrado y opresivo) no les permite operar libremente. Apenas se han abierto tímidamente algunos espacios y la represión es significativamente menor, pero la libertad de prensa es inexistente a pesar de algunos balbuceos y todavía siguen vigentes la mayoría de las leyes y mecanismos que niegan la libertad de pensamiento y opinión. También algunos líderes políticos democráticos han comenzado a tantear las aguas y a producir movilizaciones tanto reivindicativas (por el salario, mejores condiciones de trabajo, pensiones, etcétera) como más abiertamente políticas (críticas a las limitaciones de la ley de Amnistía, violaciones de derechos diversos e incluso celebraciones abiertas cuando dirigentes han sido puestos en libertad) pero el camino apenas comienza y es largo y culebrero. Otra manera de lograr agencia es incidir sobre los distintos focos de poder en Estados Unidos, bien en el seno de la administración Trump como en el Senado o en la Cámara de Representantes. Y en ese terreno hay un número de líderes democráticos empeñados en influir favorablemente en la necesidad de la democratización, así como en el terreno de la opinión tanto en el mundo académico como en los innumerables think tanks que pueblan Washington D.C. y otras ciudades de peso en su construcción.
Vísteme despacio que estoy apurado
Dadas las características de las fuerzas democráticas, donde prevalece por mucho la influencia y liderazgo de María Corina Machado, ratificado recientemente en Chile, uno de los temas que ha cobrado mayor insistencia ha sido la oportunidad del retorno de la lideresa a Venezuela. Hay de parte de muchos activistas y comentaristas tanto venezolanos como extranjeros mucha insistencia en la necesidad de que MCM vuelva lo más pronto posible al país pues presuntamente se estarían cerrando las posibilidades hacia la democratización y sólo su presencia podría abrirlas de nuevo. Soy de la opinión de que hay una suerte de interpretación ansiosa—por lo demás comprensible— de esta circunstancia.
De Napoleón Bonaparte se ha dicho que solía pedirle a su ayuda de cámara el encabezado de esta sección. Y creo que aplica también para el caso de María Corina. Ella ha sabido medir los tiempos bastante efectivamente, a pesar de las dificultades derivadas de haber estado clandestina por más de año y medio.Igualmente, tras su salida a recibir el Nóbel de la Paz, mientras ha estado en EEUU. Tengo mis dudas de que este sea el mejor momento para su retorno. Tampoco creo que su papel en el exterior haya terminado. Apenas tiene tres meses fuera del país, aunque la mayor parte ha ocurrido tras la captura de Maduro, cuando el tiempo ha transcurrido muy rápidamente.
Probablemente lo más conveniente es que no se prolongue demasiado su ausencia del país pero que ocurra en el momento en que su llegada tenga el mayor impacto, no sólo entre las grandes mayorías de venezolanos que la siguen sino también para potenciar los cambios en curso. Inevitablemente cualquier decisión sobre su vuelta a Venezuela deberá también tomar en cuenta las consideraciones del gobierno americano sobre la marcha de los cambios pues es de prever que este debe tener su propio cronograma de qué cosas avanzar y su secuencia.
Al final la negociación será inevitable
Aunque, como ya se ha dicho, las fuerzas democráticas (especialmente partidos y dirigentes políticos) se encuentran en este momento particular (marzo 2026) en el hombrillo de las decisiones, es de esperar que en la medida en que avancen los cambios y se vaya preparando al país para una efectiva transición política, la abrumadora mayoría de apoyo popular de que hoy disponen cristalice en su emergencia como liderazgo de relevo. Pero como dice la canción de El Rey, «también me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar». Esto, seguramente, va a involucrar una definición nada fácil del papel de los que llegan versus el papel de los que se van. Considerando la gran complejidad de los vericuetos del poder (ejecutivo, Asamblea Nacional, poder judicial, gobernaciones, organismos electorales, fuerzas militares y policiales, etcétera), resulta ingenuo pensar que lo que viene es borrón y cuenta nueva. Nadie abandona el poder gratuitamente. De manera que las decisiones sobre la nueva conformación del poder seguramente deberán considerar tanto un arreglo general como transiciones especificas en cada ámbito, amén de consideraciones sobre justicia transicional (que en Venezuela son decisivas dado lo abultado de los crímenes), lo que involucra crear mecanismos ad hoc para determinar cómo arbitrar el manejo de los múltiples crímenes, tanto los de grancalibre (de lesa humanidad) como los que involucran menor responsabilidad en el daño a personas o a la nación. Todavía es muy temprano para determinar quiénes se sentarán a esa mesa de negociaciones, si será bipartita o tripartita o si tendrá mediadores o no, pero el futuro de Venezuela como nación va a depender de que esa negociación ocurra y resulte exitosa.
